Andrés Falck
El reto de vincular las agendas políticas, las locales y la global, a una participación significativa y sistemática de la ciudadanía, se incluye en el programa del Foro Mundial de Desarrollo Económico Local que clausuró el pasado viernes en Cabo Verde. Con el taller Presupuesto participativo y desarrollo económico local, se da continuidad al debate sobre las Metodologías Participativas para el Desarrollo Humano (MPD)
“El desarrollo económico local no es la atención a la microeconomía local, sino la aportación de la visión del territorio a las agendas de desarrollo nacionales y global”. Con estas palabras, el presidente de la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y exalcalde de Johannesburgo, Parks Tau, reivindica el papel activo de los gobiernos locales en el nuevo escenario de acuerdo global que da lugar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Parks Tau apuesta fuerte, pues sabe que estamos viviendo la era de las ciudades, el comienzo de una etapa caracterizada por la urbanización del planeta: el 70% o más de la población mundial vivirá en ciudades para el año 2040. Una etapa en la que las autoridades locales tendrán un papel hasta hace poco desconocido en las relaciones internacionales, contribuyendo a la ruptura del monopolio que habían ejercido los estados nación durante más de tres siglos en este campo.
Las grandes organizaciones municipalistas, como es el caso de CGLU, están viviendo un momento dulce. En los últimos dos años se ha simbolizado su paso del ostracismo a un lobby relevante en los debates multilaterales con la incorporación de demandas concretas en la Nueva Agenda Urbana, lanzada en la cumbre Habitat III de Quito, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobada por la ONU en 2015. Una escalada de estatus que será de beneficio general, según sus protagonistas, que nos recuerdan siempre que tienen oportunidad que el gobierno local es la administración más cercana a la gente.
Que la cercanía geográfica con la población haga que la administración incremente su vocación de servicio público, no cae por su propio peso. Son de sobra conocidos ejemplos de corrupción e ineficiencia en la gestión pública local. Pero es innegable que sólo los niveles de gobierno más cercanos al territorio pueden establecer una relación directa y continuada con la ciudadanía, encerrando un alto potencial de innovación democrática. El diseño de sistemas integrales y significativos de participación ciudadana permite activar este potencial, dando un sentido más completo la reivindicación del presidente de CGLU: que llegue la voz de los territorios a la agenda global de desarrollo.
No sólo vivimos la era de las ciudades, también es este un período histórico profundamente marcado por la desafección por las instituciones democráticas. Ambos factores (urbanización y desafección) tienen, por cierto, mucho que ver la descentralización administrativa que supone una transferencia de competencias al ámbito local en la mayoría de los países del mundo. Consecuentemente, la pregunta de nuestro tiempo es si estos territorios, municipios, ciudades, van a tener la habilidad de conectar su creciente poder con la población que acogen, integrándola en los mecanismos de información, deliberación y decisión.
Con el taller Presupuesto participativo y desarrollo económico local, organizado por Coglobal y FAMSI, se ha querido contribuir a este reto en un marco de debate global de los territorios como el IV Foro Mundial de Desarrollo Económico Local.
Praia, capital del archipiélago de Cabo Verde, ha acogido el IV Foro Mundial de Desarrollo Económico Local que se clausura hoy tras cuatro días de sesiones, con más de 1.800 personas inscritas de los cinco continentes. Se trata de un evento de alto nivel para la escala local, organizado, entre otros, por CGLU, la Organización de Regiones Unidas (ORU-FOGAR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las entidades multilaterales de las ciudades, las regiones y las naciones, respectivamente. Entre los organizadores también figura el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), que impulsó el primer Foro Mundial DEL en 2011, con sede en Sevilla.
La selección de un país africano para acoger el evento pone en primera línea de debate los retos de la descentralización y la participación social activa. Los países africanos han acometido reformas importantes para impulsar una administración descentralizada en los últimos tiempos, a pesar de lo cual, más del 75% de ellos no tienen mecanismos normalizados, previsibles y transparentes para la financiación de los gobiernos locales, según datos de 2013 de CGLU África y The Cities Alliance. Esto no ha sido impedimento para que en el continente se hayan experimentado y extendido prácticas de presupuesto participativo, muy frecuentemente acompañadas de fondos de la cooperación multilateral y bilateral. Debatir sobre ODS, desarrollo local y presupuesto participativo en este contexto hace destacar simultáneamente las potencialidades y las tareas pendientes.
El presupuesto participativo es una de las políticas públicas locales de innovación democrática que más se ha extendido, replicado y reconocido en las últimas décadas. Distinguido como una de las “42 mejores prácticas de gobierno urbano” en la conferencia de 1996 de UN-Habitat, ha sido promovido gobiernos locales, movimientos sociales e instituciones globales de muy diversas sensibilidades. Instituciones multilaterales de primera línea, como el PNUD, el Banco Mundial, la Unión Europea o el Banco Interamericano de Desarrollo llevan más de una década apostando por el presupuesto participativo como mecanismo eficaz de implicación corresponsable de la ciudadanía en la gestión pública.
El presupuesto participativo y otros procesos enmarcados en la denominación común de democracia participativa, han sido identificados como una herramientas que favorecen el empowerment de la ciudadanía en su conjunto e impulsan el buen gobierno mejorando los niveles de transparencia, diálogo, justicia distributiva, confianza y sostenibilidad, así como frenos eficaces a la corrupción en la administración local.
El ciclo anual del presupuesto participativo (ver diagrama) supone un enriquecimiento de los procesos estratégicos de desarrollo local con protagonismo del territorio, donde los agentes sociales e institucionales han de definir las prioridades.
De acuerdo con datos extraídos de numerosos estudios, se identifican alteraciones en dinámicas del desarrollo local que pueden derivar de la implementación de procesos de presupuestos participativos. La mayor presencia de mujeres en los espacios de toma de decisión, la prioridad de las intervenciones orientadas a la mejora del hábitat y el medio ambiente urbano, la incorporación de inmigrantes o menores excluidos de la democracia representativa formal son botones de muestra. Activar presupuestos participativos deriva generalmente en algún grado de fortalecimiento de las instituciones y de la sociedad civil. Transparencia, control social y eficiencia presupuestaria son correlatos habituales de los procesos, lo que redunda en una mayor legitimación de las políticas públicas. Se produce una aproximación entre gobierno y ciudadanía participante, y una aproximación con los territorios que componen el municipio de acuerdo con la zonificación realizada en el propio proceso (desconcentración/descentralización). Estos aspectos, entre otros, contribuyen al fortalecimiento de la institución local y su capacidad de generar actuaciones legitimadas en el territorio. Los grupos ciudadanos implicados en los procesos se involucran en una dinámica de aprendizaje de habilidades (auto)organizativas y de comprensión del articulado público-administrativo. Con el proceso se delibera, se negocia y se toman decisiones relevantes que afectan a las vidas concretas de quienes participan y sus territorios.
Las metodologías participativas aplicadas en estos procesos, caracterizadas por tener decisiones vinculantes, participación universal e inclusiva, tiempos y espacios para la deliberación y capacidad ciudadana para el seguimiento de lo decidido, se muestran como herramientas eficaces para la consecución de los ODS. Para ello es preciso acometer procesos de descentralización en profundidad, que deben ir aparejados de cambios en la cultura administrativa. El taller participativo celebrado en el marco del IV Foro se pronuncia en este sentido en sus conclusiones, subrayando como meta propiciar gobiernos más cercanos al territorio y a la población, abiertos y transparentes. Para ello es urgente acometer programas de formación para las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil, que promuevan una cultura de colaboración y corresponsabilidad.
Los procesos de participación, y en concreto los de presupuestos participativos, deben ser sencillos a la vez que efectivos, procurando su proximidad a toda la población –continúa el enunciado de las conclusiones– para darle voz a quienes habitualmente no la tienen en los espacios de poder: personas discapacitadas, trabajadoras de la economía formal, mujeres, jóvenes, niños y niñas. Igualmente es importante habilitar espacios de diálogo y articulación de redes para las autoridades locales y los actores sociales y comunitarios. Facilitar una cooperación entre las múltiples protagonistas del territorio y una cooperación entre territorios. El diálogo y la transparencia pueden facilitar el aprendizaje y la construcción de experiencias más sólidas.