Antonia Morillas



La crisis sanitaria ha provocado una crisis multifacética que se expresa en lo social, lo económico y lo político. Las medidas de distanciamiento social, tan necesarias para frenar la pandemia y garantizar la seguridad sanitaria, también pueden tener efectos negativos en las redes comunitarias y la función de vertebración social que estas desempeñan. Por tanto, uno de los retos que tenemos es responder a la pregunta de cómo combinar la seguridad y las medidas excepcionales que se requieren para hacer frente a una pandemia con altas cotas de participación que contribuyan a la convivencia democrática y la inclusión.

¿Qué ha ocurrido con la participación ciudadana en el contexto COVID?

Se ha producido una oleada de participación ciudadana que ha tomado cuerpo a través de iniciativas de carácter solidario activadas para dar respuesta a las situaciones de emergencia vividas en pueblos y ciudades. Iniciativas de distribución de alimentos, de producción de mascarillas o redes de apoyo mutuo entre vecinos y vecinas han sido algunas de las actividades que han emergido a iniciativa ciudadana. Iniciativas que tanto en el ámbito digital como presencial han evidenciado que valores como la reciprocidad, el apoyo mutuo o la solidaridad operan con fuerza y son motores de participación ciudadana y organización social. El aplauso colectivo que todos los días desde los balcones se realizaba a todos aquellos que estaban en la primera línea frente a la pandemia, es la imagen más explícita y bella de esto.

En el ámbito institucional se ha producido un proceso de recentralización de toma de decisiones y se ha instalado un enorme grado de incertidumbre respecto a las políticas de participación ciudadana. Desde Coglobal hemos identificado cuatro tendencias presentes en los gobiernos locales respecto a esta política pública:

Ha habido dos tendencias con idéntico resultado, aunque con argumentaciones justificativas diferentes. Ambas han consistido en paralizar los procesos locales de participación que estaban en marcha. Los gobiernos locales que se han situado en la primera de ellas, lo han hecho justificándose en las limitaciones a la participación presencial que suponen las medidas de distanciamiento social. La segunda tendencia ha argumentado que en tiempos de crisis los recursos han de movilizarse para atender las situaciones de emergencia y que las políticas de participación ciudadana no lo son.

La tercera tendencia identificada ha orientado sus prioridades a repensar la estrategia de participación, partiendo de la hipótesis de que la crisis sanitaria va a transformar de manera profunda no solo las formas de relacionarse sino las prioridades y estrategias de gobernanza. Estos procesos de debate no han concluido, por tanto, es pronto para realizar valoraciones, aunque sí podemos aventurar cierta falta de concreción.

La cuarta tendencia ha apostado por la continuidad de los procesos, pero adaptando sus calendarios y metodologías a las limitaciones de la actual situación. La participación digital y el desarrollo de metodologías adaptadas a las características específicas de los entornos digitales se ha extendido, abriendo un nuevo ámbito de experimentación y debate.

Ante este panorama, ¿qué podemos hacer para que las políticas de participación ciudadana no queden orilladas por la política de lo urgente?

Primer Reto: consolidar la participación ciudadana como política pública clave para un desarrollo sostenible e inclusivo.

La Agenda 2030 supuso un avance sustancial en lo que a reconocimiento institucional de la participación como política pública se refiere. A este reconocimiento se han sumado multitud de instituciones que están repensándose desde parámetros y experiencias que contribuyen a nuevas formas de gobernanza democrática. No obstante, la crisis sanitaria ha acentuado a nivel global la tensión existente entre la deriva autoritaria y las apuestas democráticas. Consolidar las democracias desde estrategias participativas y de colaboración ciudadana- ciudadana y ciudadana- institucional, puede contribuir a mejorar la convivencia y a fortalecer los lazos comunitarios, en un contexto que exige comunidad para contrarrestar la atomización agudizada por el distanciamiento social. Construir un estado de opinión favorable a la participación ciudadana como política estratégica pero también como política de emergencia frente al autoritarismo y la desvertebración social, es una tarea urgente.

Segundo Reto: incorporar la participación ciudadana como componente articulador de la estrategia de recuperación post-COVID.

Ahora, que en todos los niveles administrativos se están confeccionando acuerdos políticos para la recuperación post- COVID, sabiendo que los efectos económicos y sociales serán de dimensiones devastadoras, la ciudadanía no puede ser ajena a este proceso. Definir la estrategia de recuperación puede ser una oportunidad para hacer un ejercicio de deliberación pública amplia, que incorpore en el debate a la ciudadanía, a los sectores sociales más golpeados por la crisis sanitaria y sus efectos.

Las estructuras de participación ciudadana en los momentos más complicados de la primera fase de la pandemia acompañaron a los gobiernos locales, dando respuestas rápidas a situaciones de auténtica emergencia social. Incorporar a los actores sociales que están involucrados en estas pero también a los que no lo están, en los debates y toma de decisiones que afectarán a cómo vivimos y de qué vivimos en los próximos años, contribuirá a garantizar que las estrategias de recuperación sean inclusivas, no dejen a nadie atrás, sean sólidas, sostenibles y viables.

Tercer Reto: adecuar las metodologías a entornos digitales que han venido para quedarse.

La participación en entornos digitales ya era una realidad antes de la pandemia, especialmente para las generaciones más jóvenes. La crisis sanitaria no ha hecho sino acelerar el proceso de alfabetización digital, extendiendo el uso de las redes como forma cotidiana de relacionarse con otros y de participar en la comunidad virtual. Este proceso de extensión del uso de las tecnologías digitales con fines de participación social no está exento de dificultades. Del mismo modo que en los procesos presenciales se producen sesgos de participación (de género, de clase, de edad, etc.), esto también sucede en los procesos digitales. En uno y otro caso existen brechas que nos invitan a reflexionar sobre cómo ensayar con metodologías que permitan avanzar hacia procesos cada vez más inclusivos, en una u otra modalidad.

Esta reflexión ha de partir necesariamente del análisis de las características de los entornos digitales, de los usos diversos que la ciudadanía hace de las distintas redes sociales, del alcance que estas tienen y de las formas de debate y participación a las que son más permeables. Por ejemplo, la inmediatez y temprana caducidad de los temas que generan interés, así como la sofisticación de las estrategias de comunicación que se ponen en juego, nos sitúan en un escenario de intervención en el que las metodologías no pueden ser transferidas y reproducidas de manera mecánica de un entorno a otro.

En definitiva, toca construir comunidad, en los entornos que la pandemia nos deje, pero construir comunidad al fin y al cabo, porque es en ella donde los miedos y dificultades pueden tornar en esperanzas y propuestas.

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